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Familia: sociedad de hecho y comerciales, entre compañeros permanentes, no son excluyentes. PDF Imprimir E-Mail
Tuesday, 17 de October de 2006

Nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enfáticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales.

Quedaron atrás los días en los que la unión marital fáctica era tildada de ilícita o no aceptada socialmente.

La legislación y la realidad de la familia colombiana sufrió profundos cambios: hoy no se conforma únicamente para satisfacer necesidades biológicas, afectivas o sicológicas de la pareja sino, también, de índole económico, es decir, que parejamente con esas realizaciones muy propias del ser humano hay un propósito adicional, esto es, el de proyectar a sus integrantes en todos los campos, entre ellos, por supuesto, el patrimonial, en la medida que estas aúnan esfuerzos para estructurar un proyecto económico que responda a las complejas exigencias personales y sociales contemporáneas.

SENTENCIA DE Septiembre 29 de 2006: Sociedades de hecho y otras por concubinos

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION CIVIL

 

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil seis (2006).

 

Magistrado Ponente

Pedro Octavio Munar Cadena

 

Ref.: Expediente No.11001 31 03 011 1999 01683 01

 

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia proferida el 23 de octubre de 2003, por la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por CLEMENCIA EMILIA RODRÍGUEZ RUBIANO contra ANA TRIGINIA OSORIO, DIANA ROCÍO, CARLOS GERMÁN, HERNÁN ARTURO y SONIA INGRID LÓPEZ OSORIO, la primera como cónyuge y los restantes como herederos determinados del causante CARLOS ARTURO LÓPEZ ROJAS, así como también contra sus herederos indeterminados.

 

 

ANTECEDENTES

 

1. En demanda cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, la prenombrada actora reclamó que se declarara que entre ella y Carlos Arturo López Rojas existió una sociedad de hecho desde el 29 de noviembre de 1986 hasta el 10 de abril de 1997 y, subsecuentemente, que se ordenara su disolución y liquidación.

 

2. Los fundamentos de facto que apuntalan las referidas pretensiones son los que a continuación se compendian:

 

2.1 Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano y Carlos Arturo López Rojas se unieron maritalmente de hecho el 29 de noviembre de 1986, luego de haberse conocido en el año de 1976, por razón del ejercicio profesional de la docencia, unión que perduró por un tiempo superior a once años y que terminó el 10 de abril de 1997, por la muerte de López Rojas.

 

2.2 Ambos compañeros con anterioridad a la referida unión marital habían contraído nupcias. La actora se casó con José Ignacio Cuervo Prada, el 3 de enero de 1970, pero cuando inició la aludida convivencia estaba “separada de cuerpos de hecho” y había liquidado la sociedad conyugal. Por su parte, el señor López Rojas estaba unido en matrimonio, desde el 26 de junio de 1965, con la demandada Ana Triginia Osorio, vínculo que estuvo vigente hasta el fallecimiento de aquél.

 

2.3 Por la época de iniciación de su convivencia, la pareja pagó la cuota inicial del apartamento en donde residieron, ubicado en la calle 71ª No.87-13 de la urbanización Zarzamora de esta ciudad, específicamente con las ganancias obtenidas por Clemencia en el almacén de calzado que tenía y con los ahorros de Carlos.

 

 

2.4 La unión en mención fue permanente y singular, amén que todo el entorno social los reconocía como esposos.

 

2.5 Carlos Arturo López Rojas padeció quebrantos de salud y los médicos tratantes le prescribieron establecerse en “tierra cálida”, razón por la cual la actora asumió desde ese momento todos los gastos del hogar con el propósito de ahorrar la pensión de su compañero para adquirir un inmueble ubicado en un lugar que tuviera esas condiciones climáticas.

 

2.6 El bien que requerían fue adquirido por ellos en diciembre de 1994, el cual hipotecaron al Fondo Nacional del Ahorro, crédito que cancelaron en vida de López Rojas, y al que se trasladaron a vivir en octubre de 1996; empero, como el estado de salud de aquél empeoró, al punto que no podía subir escaleras, se vieron compelidos a comprar el predio colindante para ampliar el primer piso de su residencia para comodidad del enfermo.

 

2.7 Para pagar el segundo inmueble adquirieron un crédito hipotecario con el Banco Central Hipotecario, cuyas cuotas han sido canceladas por la actora desde su otorgamiento.

 

3. La demanda fue admitida y de ella se corrió traslado a los demandados, quienes se opusieron a las pretensiones y adujeron en su defensa la “ilegitimidad en la causa por activa”, la “inexistencia de la sociedad de hecho”, “enriquecimiento sin causa”, “falta de causa para demandar”, “caducidad y prescripción” y “temeridad y mala fe”; igualmente, el curador ad litem de los herederos indeterminados de Carlos Arturo López Rojas fue notificado de la referida decisión, previo emplazamiento de éstos.

 

4. A la primera instancia puso fin la sentencia de 4 de junio de 2003, que acogió las pretensiones de la actora y declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada; subsecuentemente, ordenó la liquidación de la sociedad de hecho y dispuso la publicación de la decisión en un diario de amplia circulación nacional.

 

5. La anterior providencia fue confirmada por el Tribunal al resolver la apelación contra ella interpuesta, decisión que ahora es impugnada en casación.

 

 

 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

 

El fallador, luego de esbozar algunas reflexiones sobre el concubinato y la sociedad de hecho entre concubinos y de traer a colación la jurisprudencia que ha decantado el tema, descendió al aspecto fáctico del litigio y sin rodeos asentó que los elementos probatorios demuestran, de manera indudable, la presencia de la sociedad de hecho en discusión, lo que fue significativo desde el momento en que se inició la vida familiar que condujo a la formación de un patrimonio con la compra del inmueble localizado en la calle 71 A No.87-13, apartamento 423, de la urbanización Zarzamora de esta ciudad, que fue adquirido con aportes económicos tanto de la demandante como de Carlos Arturo López Rojas.

 

Precisó que las declaraciones extraproceso y las certificaciones de la asociación de propietarios dan cuenta de la ocupación del mencionado inmueble y de la casa 17 del conjunto residencial “El Refugio”, ubicado en la calle 40 No.17-69 de Girardot, así como de la responsabilidad compartida por aquellos respecto de los gastos de “administración y copropiedad” generados por los bienes. Añadió que el testigo Libardo Ortegón Saavedra, frente a la adquisición del primer inmueble en cita, afirmó que, ellos compraron en 1986 un apartamento en Zarzamora en la calle 71 y carrera 86 “más o menos”, y al ser interrogado sobre los bienes que adquirió López Rojas después de haber conocido a la actora contestó que el referido apartamento y la casa de Girardot.

 

Del mismo modo, encontró que en el documento obrante a “folio 181” del cuaderno principal, el apoderado judicial de la actora y los demandados convinieron en celebrar un arreglo extrajudicial, relativo a la sociedad de hecho existente entre Carlos Arturo López y la accionante. Por consiguiente, dedujo que aquellos, los accionados, aceptaron la existencia de la sociedad cuya declaratoria se reclama, sin que la admisión de ese hecho esté desmentida por el interrogatorio de parte que rindieran en la primera instancia, en el que negaron la presencia de cualquier vínculo entre la demandante y el fallecido Carlos Arturo López Rojas, como que “las manifestaciones contenidas en el documento se emitieron de manera seria y unívoca”.

 

Seguidamente explicó que, conforme a la doctrina, los documentos pueden ser declarativos – representativos o simplemente representativos, según contengan o no una declaración de quien lo crea, otorga o suscribe. A su vez, la declaración que contienen los primeros puede ser de ciencia o de voluntad, aunque, en todo caso, el instrumento conserva su individualidad probatoria como documento, por manera que cuando la ley lo exige como formalidad ad substantiam actus, además de ser un medio de prueba, es también un requisito sustancial para la existencia o validez del respectivo acto o negocio jurídico; no puede desconocerse, entonces, que el documento cumple doble función: una de carácter probatorio, en cuanto acredita la existencia del contrato, y otra de índole sustancial, en cuanto instrumento necesario para la celebración del negocio jurídico.

 

Precisó que los documentos calificados como ad solemnitaten o ad substantiam actus, tienen naturaleza mixta porque a un mismo tiempo constituyen medios de prueba y, además, requisito sustancial o material del correspondiente acto jurídico, de ahí que sea indispensable diferenciar en los de la naturaleza declarativa “la propia declaración del documento que la contiene, bien se trate de narración o de manifestación de voluntad”, es decir, que, una cosa es el contrato y otra muy distinta el escrito en que este se recoge y que le sirve de prueba; por consiguiente, como distinto es el consentimiento de las partes que origina un contrato al instrumento que lo contiene, los vicios que afectan el primero no se extienden necesariamente al segundo.

 

Con sustento en las reseñadas premisas coligió que el documento en cuestión (f.185, c.1), contiene una declaración de ciencia que debe distinguirse del documento propiamente dicho, el cual mantiene su individualidad probatoria, de allí que sean escindibles el reconocimiento que en éste se hace por parte de los demandados de la existencia de una sociedad de hecho entre la actora y López Rojas y el instrumento mismo como requisito para la existencia y validez del negocio jurídico que se quiso celebrar, pues éste sigue siendo medio de prueba aunque no resulte apto como requisito sustancial o material para la existencia o validez del negocio al que se refiere, y por ello, en nada se afectan las manifestaciones realizadas por los demandados.

 

Para reforzar el anterior argumento sostuvo que las afirmaciones efectuadas por los codemandados en los interrogatorios que absolvieron están desvirtuadas por las restantes pruebas, ya que todo el conjunto conduce a establecer que entre la demandante y Carlos Arturo existió una sociedad de hecho que surgió paralela a su relación afectiva que era conocida en su entorno social y laboral; además, que el aludido documento no fue tachado de falso y, por el contrario, las firmas en él impuestas fueron reconocidas por tres de sus suscriptores, aquí demandados, cuyas manifestaciones sobre el particular reprodujo a continuación.

 

Resaltó que en torno a la actividad económica realizada en común por la pareja López Rodríguez durante su convivencia testificó Nelly Pinzón de Chiriví, quien al ser interrogada sobre la existencia y ubicación de un almacén de calzado atendido por aquellos, contestó que “ ‘era a pocas cuadras del apartamento de ellos, y el apartamento quedaba en calle 71 como 86 creo que era, y era a pocas cuadras del apartamento el almacén” y señaló que “ ‘era una sociedad de 3 personas, era Mabel Patricia, la hermana de Clemencia, Carlos y Clemencia’ ”, amén que refirió que el mentado establecimiento funcionó desde 1986 hasta 1991.

 

Resaltó que la deponente en mención, aportó las facturas visibles a folios 557 a 591 del cuaderno No.1 del expediente, que evidencian que recibió suministro de calzado de la demandante, como también que les compró algunas vitrinas y mercancía cuando Clemencia y Carlos enajenaron el almacén. También advirtió que cuando la testigo Ana Rosa Cárdenas de Esteban fue interpelada acerca de si los concubinos acostumbraban a comprar bienes respondió que “hasta donde yo se, todo lo compartían y compraban a nombre de los dos”. Y por último, tuvo en cuenta que la declarante Cristina Prieto Martínez aseguró que “’en ese mes de diciembre del año 1994, Carlos Arturo López y Clemencia Emilia Rodríguez compraron esa casa No.17 del conjunto residencial El Refugio’ ”, aseveración que encontró respaldada en los testimonios de José Natividad Quintana Quintana, José Omar Orjuela y María Teresa Fernández de Orjuela, Libardo Ortegón Saavedra, quienes dieron cuenta de la ocupación del aludido inmueble por los pretensos compañeros.

 

Coligió, entonces, que aparte de las relaciones afectivas que sostuvieron Clemencia y Carlos Arturo se formó entre ellos una sociedad económica con el ánimo de incrementar su patrimonio común, de tal manera que, existió un consentimiento implícito para la formación de la sociedad de hecho. Del mismo modo, concluyó que gracias al esfuerzo común de los compañeros, con el almacén de calzado y el ejercicio de sus profesiones, conformaron un patrimonio que les permitió la adquisición de tres inmuebles.

 

 

 

 

LA DEMANDA DE CASACIÓN

 

 

Los dos cargos que ella contiene, perfilados con apoyo en la causal primera de casación, serán despachados conjuntamente, dada la íntima conexidad que denotan, amén que ambos recaen sobre aspectos probatorios del litigio.

 

CARGO PRIMERO

 

Con fundamento en la causal primera de casación se acusa la sentencia de vulnerar, por vía indirecta, los artículos 98, 99, 100, 238 y 505 del Código de Comercio, a causa de haber incurrido en error de hecho, por la preterición del certificado de existencia y representación legal de la sociedad comercial Macle y Cía Ltda., de la escritura pública No.598, otorgada el 7 de febrero de 1996, del certificado de libertad del apartamento 423 del conjunto Zarzamora de esta ciudad y del registro civil de matrimonio de Carlos Arturo López y Ana Triginia Osorio.

 

Expone el recurrente que el Tribunal no apreció el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Macle y Cía Ltda., el cual acredita de manera palmaria que lo que existió entre la actora y Carlos Arturo López Rojas fue una sociedad de derecho y no una de hecho. Para la demostración de ese reproche transcribió algunos apartes de dicho documento, específicamente los relativos al instrumento público mediante el cual se constituyó esa sociedad (escritura pública No.1548 del 19 de julio de 1996), su objeto social, el capital y los socios que la conformaron (Carlos Arturo López Rojas, Clemencia y Mabel Patricia Rodríguez).

 

Sobre el comentado punto, dice que el certificado en mención es prueba apta para demostrar no solo el negocio jurídico respectivo, sino, también que las relaciones societarias entre la demandante y López Rojas, fueron comerciales, razón por la cual entre ellos existieron, en lo económico, reglas claras, conforme a la ley. No se puede declarar judicialmente lo que ya está declarado por los socios.

 

Reproduce la censura algunos aspectos de la escritura pública No.598 del 7 de febrero de 1996, por medio de la cual la actora disolvió y liquidó la sociedad conyugal que conformó con José Ignacio Cuervo Prada, para sostener que si el sentenciador ad quem hubiese reparado en ella habría aplicado rectamente la jurisprudencia que en la decisión combatida reseñó, según la cual la sociedad de hecho entre concubinos no surge cuando “ 'haya tenido por finalidad crear, prolongar, fomentar o estimular el concubinato, pues si eso fuere así, el contrato sería nulo por causa ilícita, en razón de su móvil determinante. En general la ley, ignora las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea para hacerla producir efectos, sea para deducir de ellas una incapacidad civil, y por ello en principio, no hay obstáculo para lo contratos (sic) entre concubinos, pero cuando el móvil determinante de esos contratos es el de crear o mantener el concubinato, hay lugar a declarar la nulidad por aplicación de la teoría de la causa. 2. Como el concubinato no crea por sí solo comunidad de bienes, ni sociedad de hecho, es preciso, para reconocer la sociedad de hecho entre concubinos, que se pueda distinguir claramente lo que es la común actividad de los concubinos en una determinada empresa creada con el propósito de realizar beneficios, de lo que es el simple resultado de una común vivienda y de una intimidad extendida al manejo conservación o administración de los bienes de uno y otro o ambos.’ Sent. C.S.J. nov 30 de 1953”.

 

Sostiene el recurrente que si el Tribunal hubiera apreciado el certificado de libertad del apartamento 403 del conjunto “Zarzamora” habría advertido que en la inscripción No.6 aparece que Carlos Arturo López adquirió ese inmueble antes de que hubiese empezado a convivir con Clemencia Emilia Rodríguez. La verdad es que la información en él contenida deja “sin valor, ni credibilidad el testimonio de Chiviri y Ortegón Saavedra”.

 

Se duele, así mismo, de que el sentenciador omitió apreciar el registro civil de matrimonio de Carlos Arturo López y Ana Triginia Osorio celebrado el 25 de junio de 1965, que pone de presente que en esa fecha surgió una sociedad conyugal entre los contrayentes que perduró hasta el fallecimiento del primero, esto es hasta el 10 de abril de 1997, medio probatorio que era imperioso valorar ya que era necesario establecer en qué condiciones reales de convivencia, se encontraba López Rojas con su esposa legítima y si las partes probaron dicha convivencia o no.

 

Y por último aduce que el fallador no apreció el testimonio de Andrés Alberto Osorio del Rio, cuyos apartes trasunta, para luego resaltar que era fundamental tenerlo en cuenta por tratarse de un declarante que ha compartido con la familia López Osorio, pues ha vivido en el mismo inmueble, y a quien le consta que Carlos Arturo era docente y que la relación concubinaria la sostuvo en forma paralela al matrimonio, lo que impide que se forme una sociedad de hecho por esa convivencia simultánea.

 

 

CARGO SEGUNDO

 

El recurrente apoyado en la causal primera de casación acusa el fallo de violar, por vía indirecta, los artículos 98, 99, 100, 238 y 505 del Código de Comercio, por haber apreciado indebidamente las pruebas.

 

Insiste en que el juzgador de segundo grado omitió apreciar el certificado de libertad del apartamento 403 del conjunto “Zarzamora” y reiteró la argumentación que sobre el particular esgrimió en el cargo anterior.

 

Luego de rememorar las elucidaciones del fallador con relación a las declaraciones extrajuicio obrantes en el proceso, le enrostra que las apreció sin que hubieren sido ratificadas por los deponentes ante el juez cognoscente; Así mismo, le atribuye al juzgador haber apreciado indebidamente las certificaciones expedidas por la Asociación de Propietarios del Conjunto Residencial Zarzamora y por la Junta Administradora del Conjunto Residencial El Refugio, cuyo texto reprodujo, ya que omitió dilucidar si esos documentos “aportaban indicio sobre las actividades societarias de los concubinos, y si es que, el hecho de ocupar un inmueble y pagar las obligaciones pecuniarias derivadas de la administración, cuotas ordinarias o extraordinarias emanadas de una Asamblea de un conjunto residencial, muestran que evidentemente entre quienes lo ocupan o cancelan, se constituye sociedad alguna”.

 

Plantea que el documento de “acuerdo extraprocesal”, visible a folio 185 del cuaderno No.1, cuyo contenido trasuntó, fue indebidamente apreciado, en virtud de que el ad quem no se percató de que aparece suscrito un año antes del fallecimiento de Carlos Arturo López Rojas, sin que obre prueba alguna que demuestre que se trata de una equivocación o, por el contrario, que quienes lo crearon proyectaron un negocio a espaldas de López Rojas para que tuviera efectos después de su óbito.

 

Manifiesta que “ante la ineficacia del documento para la validez del negocio que decía contener, aunque con valor probatorio las manifestaciones allí contenidas, deja el documento carente de eficacia, porque precisamente las manifestaciones que allí se contienen sobre la sociedad de hecho, son las que deben ser objeto de prueba, con medios inequívocos, dados los requisitos que la jurisprudencia ha impuesto como presupuestos de constitución de la sociedad de hecho entre concubinos”.

 

Esgrime que también fueron indebidamente apreciados los testimonios de Libardo Ortegón Saavedra, José Natividad Quintana Quintana, Nelly Pinzón de Chiriví, Ana Rosa Cárdenas Esteban y Cristina Prieto Martínez, de los cuales reseñó los apartes que estimó pertinentes para sustentar su queja, la que en esencia reside en que de sus versiones no es factible extraer que “Carlos y Clemencia hayan desarrollado actividad de hecho tendiente a asociarse o un ánimo de dividir ganancias”, ya que ambos eran docentes y los bienes adquiridos están inscritos, “no a nombre de los dos, sino en cabeza de cada uno de ellos, como ocurrió con los dos inmuebles de Girardot, donde cada concubino adquirió una casa y con el inmueble de Facatativa de propiedad de Clemencia Emilia, que está radicado en cabeza de ella, estando incluso repartido dentro de la sociedad conyugal con José Ignacio Cuervo ..”.

 

Cuestiona las declaraciones extraproceso de José Omar Orjuela y María Teresa Fernández de Orjuela, por cuanto fueron apreciadas sin haber sido ratificadas en el proceso, además, que el Tribunal apoyado en ellas tuvo por acreditado que aquellos fueron testigos de la compra que hiciera López Rojas del inmueble de Girardot cuando en realidad lo que tales testigos refirieron es que Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano vivió en el apartamento 403 del conjunto residencial “Zarzamora” de esta ciudad desde finales de diciembre de 1996 hasta el mes de mayo de 1997.

 

Y, por último, aduce que los interrogatorios de parte de Diana Rocío, Hernán Arturo y Sonia Ingrid López Osorio fueron mal apreciados, limitándose a resumir las respuestas que éstos dieron en tal diligencia.

 

 

CONSIDERACIONES

 

1. Quedaron atrás los días en los que la unión marital fáctica era tildada de ilícita -como ya lo había advertido esta Sala en las sentencias proferidas el 10 de septiembre de 2003 y 27 de junio de 2004-, amén que, como lo ha sostenido esta Corporación, la familia sufrió profundos cambios en su dinámica interna, de modo que hoy en día ella no se conforma únicamente para satisfacer necesidades biológicas, afectivas o sicológicas de la pareja sino, también, de índole económico, es decir, que parejamente con esas realizaciones muy propias del ser humano hay un propósito adicional, esto es, el de proyectar a sus integrantes en todos los campos, entre ellos, por supuesto, el patrimonial, en la medida que estas aúnan esfuerzos para estructurar un proyecto económico que responda a las complejas exigencias personales y sociales contemporáneas.

 

Sobre este particular tema ahondó la Corte en sentencia del 27 de junio de 2005 (exp.7188), en la cual, atendiendo la evolución de las relaciones maritales de esa naturaleza, concluyó que para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos “no puede exigirse, en forma tan radical, (…) que la conjunción de aportes comunes, participación en las pérdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la unión extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de unión, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aquí examinada no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida como aconteció en este caso, tal como emerge de la prueba reseñada por la censura”.

 

2. El reseñado precedente viene al caso porque esa visión de la relación concubinaria sirve de referente en el examen del material probatorio que el censor denuncia como indebidamente apreciado por el juzgador de segundo grado, quien encontró acreditado que junto con las relaciones afectivas que sostuvieron Clemencia Rodríguez y Carlos Arturo López, se formó entre ellos una sociedad económica con el ánimo de incrementar su patrimonio común, de tal manera que existió un consentimiento implícito para la formación de la sociedad de hecho.

 

Tal conclusión, debe subrayarse desde ahora, no es desatinada en cuanto que los elementos de juicio que examinó el fallador así permiten deducirlo sin incurrir en contraevidencia. En efecto, Libardo Ortegón Saavedra (f.609, c.1) aseveró que en 1976 conoció a la demandante porque llegó a laborar en el departamento de matemáticas del colegio en el que trabajaba junto con Carlos Arturo López, con quien aquella inició una relación amorosa a los dos o tres años de haber llegado al plantel educativo. Afirmó que ellos “en 1986, compraron un apartamento en Zarzamora con la calle 71 y carrera 86 más o menos, el apartamento era el 423”, lugar al que se fueron a convivir como marido y mujer, atendiendo Clemencia los oficios del hogar; posteriormente, Carlos Arturo padeció quebrantos de salud y los médicos le recomendaron vivir en tierra caliente, razón por la cual éste y su compañera adquirieron una casa en Girardot y allá falleció. Manifestó que la actora cuidó de su compañero durante la enfermedad y que dicha pareja pagó los bienes antes referidos con los ingresos laborales de Carlos y “algunos aportes” de Clemencia.

 

Del mismo modo, la declarante Nelly Pinzón de Chiriví (f.614, c.1) dio cuenta de que la actora y Carlos Arturo convivieron como esposos desde 1986 hasta cuando éste último falleció. Precisó que la pareja vivió inicialmente en el apartamento 403 del conjunto y, luego, a raíz de la enfermedad del último en mención se trasladaron a la casa que compraron en Girardot. Refirió que la pareja tenía un almacén de calzado ubicado a pocas cuadras del apartamento donde residían y aclaró que el establecimiento era de una sociedad conformada por ellos y por Mabel Patricia Rodríguez Rubiano, establecimiento que funcionó, aproximadamente, desde 1986 hasta 1991, época en que lo enajenaron forzados por la enfermedad de Carlos; incluso ella les compró algunas mercancías y vitrinas, así como calzado, esto cuando funcionaba el establecimiento, pagándole a ellos directamente el valor de los mismos.

 

Por su parte, la deponente Ana Rosa Cárdenas de Esteban (f.616 c.1), refirió haber conocido a la actora y a Carlos Arturo en 1993, cuando ingresó al colegio donde ellos laboraban, época para la cual ya compartían como esposos y residían en el apartamento 403 del conjunto Zarzamora de esta ciudad, pero por la enfermedad de Carlos se trasladaron al conjunto “El Refugio” de Girardot. Resaltó que la demandante cuidó a su compañero durante la enfermedad y cuando le preguntaron si ellos acostumbraban comprar bienes contestó que “hasta donde yo se, todo lo compartían y compraban a nombre de los dos”.

 

Cristina Prieto Martínez (f.620, c.1), testificó que ella era tesorera del conjunto “El Refugio” de la ciudad de Girardot, al cual llegó la pareja López Rodríguez averiguando por una casa que querían comprar, dado que por prescripción medica el señor López tenía que vivir en tierra caliente, por lo que les informó que la casa No.17 estaba en venta, inmueble que aquellos posteriormente compraron. Expuso que siempre creyó que Clemencia y Carlos eran esposos, sólo hasta cuando éste falleció se enteró que aquél tenía otro hogar.

 

José Natividad Quintana Quintana (f.612, c.1) manifestó que en 1990 llegó a trabajar al colegio donde laboraban la actora y Carlos Arturo López y pudo darse cuenta que ellos convivían maritalmente; incluso fue varias veces al apartamento del conjunto Zarzamora donde vivían y también a la casa que tenían en el conjunto El Refugio” de Girardot; además, refiriéndose al último inmueble afirmó que “esa casa precisamente, yo tenía un taxi y yo fui a llevarlos a ellos dos, les hizo la carrera, a hacer el negocio de la casa 17”.

 

Del contenido material del acervo probatorio antes reseñado aflora que parejamente a la comunidad de vida que formaron Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano y Carlos Arturo López Rojas aunaron esfuerzos para la formación de un patrimonio para beneficio mutuo, pues aparte de incrementar sus haberes disfrutaron de tales bienes, para cuya consecución aportaron sus ingresos laborales.

 

Siendo ello así, es patente que el juzgador ad quem no incurrió en los yerros de apreciación probatoria que le atribuye el censor, pues no distorsionó el contenido objetivo de los elementos de convicción en que apoyó su decisión, amén que aquél no tenía que ir más lejos para buscar la intención de la pareja de asociarse, ya que, como oportunamente se subrayó, ella se evidencia en el mancomunado esmero de los compañeros por ayudarse mutuamente con miras a que su entorno familiar creciera económicamente.

 

De otro lado, la conclusión del fallo combatido está vigorosamente sustentada en el documento que recoge el llamado “acuerdo extraprocesal” (f.185, c.1), suscrito entre el apoderado de la actora y los demandados, del cual el sentenciador dedujo que estos aceptaron la existencia de la sociedad de hecho conformada por Clemencia Emilia Rodríguez Rubiano y Carlos Arturo López Rojas, razonamiento al que ninguna mella le hace la censura.

 

En efecto, el censor plantea que el aludido documento fue suscrito un año después del fallecimiento de Carlos Arturo López Rojas, sin que ningún otro medio probatorio ofrezca certeza de que se trata de una equivocación o, por el contrario, que se proyectó un negocio a espaldas del presunto socio de hecho para que tuviera efectos después de su muerte. Ese reparo, tan solo formulado ahora en casación, carece de relevancia, en cuanto que si bien es cierto existe tal inconsistencia en la fecha del escrito, igualmente lo es que de su contenido aflora que ese pacto se gestó con posterioridad al óbito de López Rojas, ya que las partes en su clausulado aluden repetidamente a ese hecho; de suerte, que si el fallador no advirtió esa ambigüedad, ello es intrascendente, pues existen otros referentes en el texto del documento que permiten darle un contexto temporal y concluir que fue creado con posterioridad al deceso del causante, hecho ocurrido el 10 de abril de 1997.

 

Y en cuanto a la eficacia probatoria del referido instrumento, también rebatida por el recurrente, es claro que extravió el camino por el que procede una recriminación de ese talante, habida cuenta que perfiló su acusación como un error fáctico, cuando debió denunciarlo como de derecho; en todo caso, si se quisiera ver en su reproche un cuestionamiento de esa índole, lo cierto es que no señaló la norma de orden probatorio supuestamente violada, ni desarrolló un discurso tendiente a poner de manifiesto cómo se produjo su vulneración.

 

En esa última deficiencia también incurrió el impugnante en el reparo que perfila a la apreciación de las declaraciones extraproceso, esto es el atinente a que no fueron ratificadas, toda vez que un yerro de ese talante tiene asidero en la infracción de las normas legales que regulan la eficacia de ese medio probatorio.

 

Por lo demás, es claro que el recurrente se queja a la par y en un mismo cargo de la existencia de yerros fácticos y de valoración jurídica respecto de un mismo medio de prueba, mixtura que, como es sabido, es repelida por las reglas técnicas del recurso.

De otro lado, el recurrente refirió como indebidamente apreciados los interrogatorios de parte de Diana Rocío, Hernán Arturo y Sonia Ingrid López Osorio, sin explicar en qué consistió el supuesto yerro de estimación probatoria, amén que pasó por alto que el sentenciador lo que trajo como soporte de su decisión fue el reconocimiento que aquellos hicieron del documento referido como acuerdo extraprocesal.

 

 

3. Relativamente a la preterición de pruebas que el censor le enrostra al fallador, es diáfano que aquél no justificó la trascendencia de ese reproche, pues simplemente planteó que esa omisión condujo a que no advirtiera la existencia de una sociedad de derecho y no de hecho entre los concubinos, así como tampoco que cada uno de éstos tenía una sociedad conyugal vigente, la actora hasta el 7 de febrero de 1996, fecha en que otorgó la respectiva escritura pública de disolución y liquidación, y López Rojas hasta el día en que falleció (10 de abril de 1997).

 

Y es que en el asunto de esta especie al recurrente no le bastaba con denunciar la omisión del medio probatorio e indicar el hecho que en su parecer este acreditaba, sino que tenía que ir mas lejos en su labor impugnativa, pues reposaba sobre él la carga de mostrar cómo esa situación fáctica presuntamente omitida por el juzgador incidía en la decisión combatida, y para ello necesariamente debió demostrar porqué la existencia de una sociedad conyugal, o de una comercial como la sociedad Macle y Cía Ltda., impedían que surgiera la sociedad de hecho entre concubinos aquí reclamada, tarea en cuyo cumplimiento ningún esfuerzo desplegó.

 

De todas maneras, la verdad es que nada impide que una sociedad de hecho, como la formada entre concubinos, pueda concurrir con otras, civiles o comerciales legalmente constituidas, toda vez que lo que el legislador enfáticamente reprime es la concurrencia de sociedades universales, calificación que no puede atribuírsele a la de este asunto. Así lo asentó esta Corporación en la sentencia sustitutiva proferida en el expediente No.7188, el 27 de junio de 2005, en la que expuso:

 

“Por consiguiente, brota diáfanamente la existencia de la sociedad de hecho cuya declaratoria aquí se demanda, por lo que resulta oportuno precisar que por tratarse de una sociedad distinta a la conyugal, no es de carácter universal, sino que está conformada por aquellos aportes en los que se refleja la cooperación de la pareja en su consecución, dado que, tal como lo sostuvo en su oportunidad la Corte, la liquidación de la sociedad de hecho entre concubinos se extiende a los bienes:

 

‘a) … adquiridos con posterioridad a la constitución del estado concubinato y a título oneroso, es decir, como fruto del trabajo e industria de los concubinos. No comprende los bienes que alguno de los concubinos hubiera tenido antes de asociarse con el otro concubino, o los adquiridos durante el estado de concubinato a título gratuito (herencias, donaciones).

 

(…) Por este motivo con razón a dicho la Corte que ‘debe existir un criterio de causalidad entre la asociación de hecho y los bienes provenientes de la misma’ (G: J: Tomo 42, Pág.844).

 

b) Determinados los bienes de la sociedad de hecho es necesario proceder a repartirlos en dos partes iguales: una para cada concubino”. (Sentencia del 26 de marzo de 1958)’ ”.

 

En cuanto a que el sentenciador omitió apreciar el certificado de libertad del apartamento No.423 del conjunto residencial “Zarzamora” del que emerge que este inmueble lo adquirió Carlos Arturo López Rojas el 4 de septiembre de 1986, esto es con anterioridad a la “génesis de convivencia concubinaria” aquí reclamada, es indubitable que tal acusación, de cara al haz probatorio sobre el que se erige la sentencia recurrida, carece de relevancia para aniquilarla, habida cuenta que el hecho que en opinión del recurrente demuestra el citado documento no es materia de discusión en el litigio aquí planteado, sino en la etapa de liquidación de la sociedad de hecho, pues es en ella en la que se determina y distribuye la masa partible, conforme lo ha previsto el ordenamiento jurídico, tal como lo dilucidó la Corte en su fallo del 30 de julio de 2004 (exp.7117), según el cual, “… el procedimiento a que se someten las causas judiciales de disolución judicial y liquidación de sociedades civiles, comerciales o de hecho es el previsto en el capítulo I del título XXXI del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, en el cual se advierten con nitidez incuestionable dos fases, cuya naturaleza y finalidad, como lo ha decantado esta Corporación, son ‘complemetamente diferentes: la primera, que constituye un proceso declarativo, tiene por objeto único discutir y resolver si existe la sociedad, y que, si es positiva, termina con la sentencia en la cual se declara disuelta la sociedad, ordena su liquidación, la inscripción de aquélla en el competente registro y la publicación de la parte resolutiva (arts.628 a 630); y la segunda, que asume el carácter de ejecución de la sentencia con que culminó la anterior, busca, determinar cuáles son los bienes partibles, el pasivo común, y cuál el monto de lo que a cada socio corresponde (arts.631 a 643). Esta etapa final, o sea la de distribución del saldo líquido entre los socios, termina con la sentencia aprobatoria del trabajo de partición. (Cas. Julio 8 de 1976, G. J. CLII, pág.243’ (Sentencia de 29 de agosto de 1985)”.

 

Puestas así las cosas, los cargos no se abren paso.

 

 

DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 23 de octubre de 2003, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por CLEMENCIA EMILIA RODRÍGUEZ RUBIANO contra ANA TRIGINIA OSORIO, DIANA ROCÍO, CARLOS GERMÁN, HERNÁN ARTURO y SONIA INGRID LÓPEZ OSORIO, la primera como cónyuge supérstite y los restantes como herederos determinados del causante CARLOS ARTURO LÓPEZ ROJAS, así como también contra sus herederos indeterminados.

 

Costas a cargo de la parte recurrente.

 

NOTIFÍQUESE.

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

 

MANUEL ISIDRO ARDILA VELÁSQUEZ

 

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

 

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

 

CESAR JULIO VALENCIA COPETE

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

 
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